La ofensiva de 2026: ¿Qué está investigando la UE?
El Marco de Aplicación Coordinada (CEF) de este año involucra a 25 autoridades nacionales de supervisión en todo el Espacio Económico Europeo. Tras centrar los esfuerzos del año pasado en el “derecho al olvido”, los inspectores centran su atención en los artículos 12, 13 y 14 del RGPD.
Las autoridades examinarán a empresas de múltiples sectores mediante auditorías directas y cuestionarios de investigación para comprobar:
- Políticas de privacidad indescifrables: Se sancionarán los textos legales excesivamente largos o redactados de forma ambigua.
- Transparencia algorítmica: Las corporaciones deberán detallar con precisión milimétrica cómo se usan los datos de los usuarios en procesos automatizados e inteligencia artificial.
- Captación de datos ocultos: Se inspeccionará si se informa debidamente al ciudadano cuando sus perfiles se enriquecen con bases de datos de terceros.
España lidera el volumen de sanciones
El inicio de esta campaña coincide con los últimos datos del Informe de Seguimiento del RGPD de CMS, que revelan una brecha masiva en la forma en que los distintos países aplican la ley. España encabeza el listado europeo con más de 1.040 multas impuestas desde 2018, superando con creces la suma conjunta de Italia, Rumanía y Polonia.
Aunque la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) destaca por su hiperactividad inspectora —superando los 40 millones de euros en sanciones anuales—, los castigos multimillonarios históricos siguen concentrados en sedes tecnológicas como Irlanda (debido al volumen de las multinacionales allí afincadas).
| País | Volumen de Multas (Histórico) | Tendencia de Fiscalización |
|---|---|---|
| España | > 1.040 sanciones | Alta frecuencia de inspección en pymes y grandes empresas por igual. |
| Irlanda | Menor volumen absoluto | Enfocada en grandes tecnológicas con la cuantía media por multa más alta. |
| Italia | ~ 490 sanciones | Segunda posición en volumen, enfocada en marketing no consentido. |
El nuevo reto: La Inteligencia Artificial y la “Explicabilidad”
El despliegue de esta macroinvestigación europea llega en un momento de tensión legislativa. Las empresas se enfrentan en 2026 al solapamiento de obligaciones entre el propio RGPD, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la reciente Ley de Inteligencia Artificial (AI Act) de la UE.
A partir de este año, ya no basta con declarar qué información se guarda; el nuevo estándar de la economía digital exige “explicabilidad”. Si una empresa utiliza algoritmos predictivos o IA para segmentar audiencias, rechazar solicitudes o fijar precios, debe ser capaz de desglosar detalladamente ante los reguladores cómo opera su tecnología.
Los resultados definitivos de las inspecciones que se ejecutan actualmente en toda Europa se agruparán en un informe vinculante de la EDPB a finales de año. Este documento fijará los criterios definitivos de sanción económica para cualquier plataforma que decida mantener sus operaciones de datos en la opacidad.